Modificación de la Base Territorial de Cotos

Modificación de la base territorial, constitución y cambio de titularidad de cotos de caza

El capítulo II del Título II de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres regula la caza y la pesca continental en Andalucía. En este contexto, el artículo 46 denomina “Coto de caza” como toda superficie continua de terreno susceptible de aprovechamiento cinegético declarada como tal por la Delegación Territorial competente, a instancia del propietario o de quien ostente los derechos cinegéticos sobre el terreno.

Posteriormente, se limita la superficie mínima para la existencia de un coto (Privado) de caza menor en 250 hectáreas y de 500 hectáreas para un coto cuyo aprovechamiento principal es la caza mayor.

En el artículo 48 de la citada norma se aborda el punto fundamental en la constitución, cambio de titularidad y modificación de la base territorial de un coto de caza: la “Cesión de los terrenos”, es decir, la titularidad de los derechos cinegéticos corresponderá a los propietarios de los terrenos o, en su caso, a los titulares de los derechos personales o reales que conllevan el uso y disfrute del aprovechamiento. Por lo tanto, cualquier gestión relacionada con la ampliación, creación, segregación de parcelas requiere la acreditación documental de estos derechos.

Si bien, la creación o constitución de un coto de caza, así como su baja, será efectiva en cuanto adquiera firmeza la resolución administrativa de la Delegación Territorial donde se ubique el coto; las modificaciones territoriales (Ampliación y Segregación) sólo serán efectivas a partir del período hábil de caza posterior a la fecha de notificación de la citada resolución. Mayor cautela supone la efectividad de los expedientes de Cambio de Titularidad dado que el acotado en cuestión puede sufrir o no modificaciones en su perímetro (Redefinición de límites, ajustes por herencias, etc).

En principio, los plazos establecidos por el Reglamento de Ordenación de la Caza en Andalucía, aprobado por el Decreto 182/2005, de 26 de julio, para estos procedimientos es de seis meses, siendo estimatorio el silencio administrativo.

 

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